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Recurso contencioso-administrativo: ¿qué es?
Como herramienta legal, se rige principalmente por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Este instrumento jurídico recoge todo lo relacionado con la impugnación de actos administrativos ante los tribunales, incluyendo aquellos relacionados con la nacionalidad.
El recurso contencioso-administrativo faculta a los ciudadanos para impugnar decisiones en relación con la concesión, denegación, modificación o pérdida de ciertos derechos. Una vez que se ha interpuesto ante el juzgado correspondiente y es admitida a trámite, se volverán a revisar las actuaciones administrativas del Estado o de los organismos correspondientes para determinar si la resolución debe cambiar o no.
Para qué sirve el recurso contencioso-administrativo
El recurso contencioso-administrativo busca defender los derechos de los ciudadanos frente a decisiones administrativas que se consideran injustas. Por ejemplo, cuando se ha denegado la nacionalidad española, el recurso puede ser interpuesto contra las resoluciones emitidas por la Dirección General de Migraciones, el Ministerio de Justicia o cualquier otra institución competente a la que correspondan estos trámites.
Pasos del recurso
El abogado y procurador del interesado tienen la obligación de comunicar la interposición de la demanda, lo que llevará a que la Audiencia Nacional requiera el expediente administrativo al Ministerio de Justicia. A continuación, se procederá a interpretar la demanda y a responderla.
La Audiencia Nacional dictará una sentencia al concluir el proceso, ya sea concediendo o denegando la nacionalidad española al interesado. En la mayoría de los casos, no se emite una sentencia firme, sino que, en su lugar, se revisa el expediente para asegurar si es correcto y si se puede confirmar su validez.
Si se acepta el recurso, el tribunal puede anular la resolución, lo que obligará a la Administración a volver a revisar el caso desde una perspectiva legalmente válida. De ser así, se tendrán que valorar las circunstancias y argumentos presentados por el solicitante, lo que puede llevar a una resolución favorable que reconozca y restablezca sus derechos.
Plazos para poner un recurso ante la Administración
Generalmente, el interesado dispone de un período de dos meses para interponer el recurso contencioso-administrativo a partir del día en que recibe la notificación. Sin embargo, este plazo puede cambiar según la naturaleza del acto administrativo, por lo que siempre es conveniente contar con la ayuda de un abogado especializado que nos guíe en el proceso.
El procedimiento comienza en el momento en que se presenta la demanda, e incluye varias fases, desde la admisión a trámite hasta la resolución del tribunal, pasando por la fase de pruebas.
Rango de precios para un recurso contencioso administrativo de nacionalidad española
Tras haber aclarado el concepto y las implicaciones de este instrumento legal, es conveniente saber más detalles sobre el recurso del contencioso-administrativo y su precio.
Un buen letrado no solo debe poseer un conocimiento amplio, sino también la experiencia suficiente para desenvolverse adecuadamente. De hecho, invertir en un buen servicio suele influir significativamente en el resultado del proceso. Estas tarifas relacionadas con cuánto cuesta un recurso contencioso-administrativo de nacionalidad española son aproximadas. Lo mejor es hacer una investigación en profundidad y consultar con diversos abogados antes de tomar una decisión.
Sin embargo, para ofrecer una aproximación más precisa, te ofrecemos algunas tarifas que son aproximadas.
Tarifa superior
En los casos más complejos, los demandantes suelen buscar una representación legal de primer nivel, con abogados que tengan una trayectoria sólida y un profundo conocimiento de la normativa y de estos procedimientos.
El coste máximo por un recurso contencioso-administrativo de nacionalidad española puede alcanzar los 1000 euros o incluso superarlos. Aunque este precio es superior a la media, la inversión puede resultar beneficiosa, especialmente en situaciones donde esta resolución puede ser determinante para el futuro del solicitante.
Tarifa intermedia
Una tarifa razonable para un recurso contencioso-administrativo para la nacionalidad española se encuentra en torno a los 600 euros.
Normalmente, el precio incluye el asesoramiento del abogado, lo que proporciona una mayor tranquilidad.
Enfrentarse a procesos judiciales puede ser bastante estresante para un demandante, incluso si tiene muchas posibilidades de ganar el juicio. Por lo tanto, para evitar errores o que el proceso se prolongue más de lo normal, es conveniente considerar esta inversión.
Esta opción es la que mejor se alinea con las expectativas de los solicitantes, dado que su coste es bastante aceptable. Este equilibrio entre calidad y precio asegura una asistencia de un profesional capacitado y con experiencia.
Tarifa más baja
La gestión de un recurso contencioso-administrativo relacionado con la nacionalidad española requiere conocimientos muy específicos y experiencia en el ámbito legal.
Por eso, aunque una tarifa asequible puede ser muy tentadora, debes tener en cuenta que es mejor no escatimar en la calidad del servicio si lo que quieres es que te garanticen una representación adecuada.
El precio mínimo para este tipo de casos suele estar en 450 euros, aunque puede variar dependiendo de la complejidad del asunto y de la experiencia del abogado.
Aunque es muy importante valorar el coste, centrarse únicamente en el precio más bajo puede ser contraproducente.

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